LA VEGA.– El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, hizo un llamado a la racionalidad de las partes involucradas en el cuarto diálogo sobre el reasentamiento en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Santos enfatizó que el principal desafío en este proceso es alcanzar un consenso basado en la razonabilidad, instando a todos los actores a enfocarse en soluciones viables. Subrayó que, aunque no existe una solución perfecta, es esencial reducir diferencias y trabajar en un acuerdo justo dentro de las circunstancias.
«Para resolver esta situación, es necesario enfocarnos en las diferencias clave, porque las comunidades están esperando respuestas concretas», expresó el ministro, en el salón Benedicto XVI de la Universidad Católica del Cibao (Ucateci).
En nombre del Gobierno, Santos reiteró su compromiso de lograr un consenso en el menor tiempo posible, garantizando que todas las partes se sientan representadas y que el resultado sea equitativo.
«Se trata de lograr un acuerdo en el que todas las partes involucradas se sientan lo mejor posible, siempre con el objetivo de alcanzar una justicia real», afirmó Santos.
En encuentros previos, el ministro Santos propuso una metodología de trabajo que permita avanzar con rapidez, estableciendo objetivos claros y justos.
Destacó la importancia de definir conceptualmente las diferencias y determinar qué subcomisiones técnicas abordarán cada tema específico.
Igualmente, resaltó la necesidad de contar con técnicos independientes que contribuyan a cerrar brechas en aspectos clave como la tasación, los indicadores y los modos de vida, asegurando que el proceso se desarrolle con transparencia y equidad.
Desde el 13 de enero, este proceso de diálogo busca construir una solución consensuada que atienda las preocupaciones de las comunidades afectadas y garantice un reasentamiento justo y equitativo.
Estuvieron presentes en el cuarto encuentro Carlos Morel Diplán como garantía moral; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, junto con Lorenzo Herrera, Harold Modesto y Sandra Nogué como garantía constitucional; así como Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, junto con Giselle Varela e Isaac Luciano; Rolando Muñoz.
También el director de Minería; Roberto Núñez, el alcalde de Bonao; y Martín Guzmán, Fernando Peña y Matilde Manzueta Sosa en representación de las comunidades, además de Amín Matos, Osvaldo Concepción, Johnny Durán y Juan Gabriel Belén por la iglesia.
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