Por Petra Saviñón
Las cárceles están llenas de reos “internos”, “privados de libertad” y cuanto eufemismo quieran las autoridades para tratar de borrar la palabra preso, que es válida por completo. Los reclusorios están sobrepoblados y hay exceso de prisión preventiva, que debe ser la excepción.
Las personas tras las rejas están sujetas a enfrentar situaciones como maltrato de los agentes, que su medida de coerción sea extendida hasta el triple del tiempo o más, por falta de vehículos para trasladarlos a las audiencias, de combustible, de gomas, y hasta de esposas.
Amén de que los que no cuentan con recursos para comprar un espacio la tienen fea, amontonados en celdas. Enfermos sin tratamiento médico cohabitan junto a reclusos sanos con alimentos de poca calidad, con lo que son víctimas de violación de derechos básicos.
Distintos están los que sí tienen el privilegio de poseer dinero para pagar hasta lujos como muebles y electrodomésticos caros e incluso salir a fiestas, lo que ha sido comprobado.
Es la gran tragedia de los recintos penitenciarios que de acuerdo con las autoridades, son reformados para lograr la reinserción social de los convictos.
Uno de los “preventivos”, el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, denunció que fue privado del derecho de ver sus hijos menores de edad todo el tiempo que estuvo recluido.
Hay derechos inalienables que aun después de condena deben ser mantenidos, sin importar el delito cometido, ver a la prole es uno. Por tanto, si tal acusación es cierta, las autoridades penitenciarias deben revisar ese patrón y si es falsa, rebatir. El silencio no es opción adecuada.
Este es un Ministerio Público en el que están cifradas esperanzas de un verdadero cambio en el sistema de justicia y su imagen no debe ser ensombrecida por dudas como las que generan críticas de esa naturaleza.
Debe aclarar esto, de la misma forma en la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Pepca, para más señas, refutó el informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la arbitrariedad del proceso a Rodríguez.
La lucha contra la corrupción ha de seguir a favor de un Estado lacerado, mancillado y estafado, que es de todos para cuidarlo, salvaguardarlo y esa batalla ha de ser creíble, aunada a los principios legales, siempre.
Sin importar quién sea el acusado o condenado, es menester dejar claro que esta procuraduría enarbola como su mayor afán la obtención de justicia para delincuentes de poca y de mucha monta, de la oposición y del gobierno, de todos lados.
Entonces a despejar nubarrones.
Amén.
