Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader declaró este lunes que la lucha por la transparencia en el país será profundizada, ya que es algo irrenunciable para el Gobierno “caiga quien caiga”, al tiempo que anunció que se creará mediante decreto el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción (SNTA).
“En ese sentido estamos trabajando en un decreto para crear el Sistema Nacional de Transparencia Anticorrupción que nos permita aglutinar y pasar del gabinete que tenemos a un sistema de mucho mayor agilidad que pueda coordinar e integrar las estrategias gubernamentales en materia de transparencia y lucha anticorrupción”, afirmó el mandatario.
Precisó que se debe llegar a todos los niveles de la población en donde la honestidad se ponga de moda y así haya un comportamiento de transparencia y honestidad. “Es algo que tenemos la responsabilidad de hacer para seguir avanzando”.
El objetivo de la SNTA es garantizar la eficiencia en la ejecución de políticas públicas para estos fines con asesoría de la OCDE, en cultura de transparencia, cero impunidad y régimen de consecuencias.
Estas declaraciones las ofreció el jefe de Estado durante LA Semanal con la Prensa realizado como todos los lunes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en donde el tema de esta semana fue “Trabajando día a día contra la corrupción e impunidad”.
Al hablar de esta dirección, el mandatario indicó que a esta le fueron remitidas 47 denuncias. Que las denuncias recibidas fueron 1,415 clasificadas incompetentes del 2013 al 2020 y 322 reclasificadas competentes del 2013 al 2020.
Asimismo, 1,182 casos de denuncias 2020 al 2024 y 860 de 2020 al 2024 resueltas.
La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) posee un nuevo marco regulatorio con 137 nuevas políticas, normas y procedimientos, destacando el proyecto de modificación de la Ley General de Contrataciones Públicas aprobado por el Senado y que actualmente está en la Cámara de Diputados.
Entre las nuevas medidas se prohíbe a los exfuncionarios tener relación comercial y profesional con la institución que representaron o sus subordinadas, durante el año siguiente de su salida. Se estableció un tiempo de dos a tres años de prisión por declaraciones juradas falsas para registrarse como proveedores del Estado o participar en alguna contratación.
Se fijaron además, de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 50 salarios mínimos a los servidores que intervengan en los procesos de contrato de manera dolosa y se determinó que las instituciones deberán incluir en sus portales informaciones relativas a su actividad contractual.
Gracias al monitoreo preventivo, 52,714 notificaciones se gestionaron mediante el sistema de alerta preventiva y reactiva y monitoreo preventivo; se cancelaron 108 procesos por las unidades de compra; y se reencausaron RD$ 23,315 millones tras las observaciones de monitoreo.
En tanto que mediante la eliminación del silencio y la mora administrativa, 2,914 procesos competitivos fueron monitoreados a profundidad y 9 suspendidos. Se anularon 154 actos administrativos que involucraban RD$ 5,578,690,888 y se emitieron 160 resoluciones que inhabilitaban a funcionarios con registro de proveedores. 114 resoluciones se emitieron por la DGCP, 94 fueron ratificadas por los tribunales y 20 fueron desestimadas.
